ORGANISMS
IMF. 01/25/2018. América Latina y el Caribe en 2018: Recuperación económica en ciernes
Por Alejandro Werner
Las tendencias recientes de la economía mundial y de los mercados financieros son buenas noticias para América Latina. El crecimiento mundial y el comercio internacional están cobrando ímpetu y, según nuestras previsiones, ese auge continuará en 2018. El aumento de los precios de las materias primas también ha colaborado con el repunte de la región.
Favorecida por esta mejora del entorno mundial, la recuperación económica de América Latina también está cobrando ímpetu, a medida que las recesiones de algunos países (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin. Estimamos que el crecimiento regional fue de 1,3 por ciento en 2017 (frente al 1,2 por ciento proyectado en octubre), y proyectamos que la actividad se acelerará a 1,9 por ciento en 2018 y 2,6 por ciento en 2019.
El consumo y las exportaciones fueron los principales impulsores del crecimiento el año pasado. Es alentador constatar que la inversión ya no es un lastre y se prevé que sea un factor importante para la aceleración del producto este año y el próximo. La inflación retrocedió significativamente en 2017 en muchos países, dejando cierto margen para una política monetaria más acomodaticia.
La recuperación es generalizada en toda la región. Aunque México, América Central y partes del Caribe se están beneficiando de un crecimiento más vigoroso en Estados Unidos, el crecimiento en América del Sur se debe principalmente al fin de las recesiones de Brasil, Argentina y Ecuador, así como al aumento de los precios de las materias primas.
América del Norte
En Estados Unidos, las reformas de los impuestos sobre la renta de empresas y particulares aprobadas en diciembre de 2017 probablemente estimulen la inversión y el consumo privados a corto plazo, impulsando el crecimiento a 2,7 por ciento en 2018 y 2,5 por ciento en 2019, frente al 2,3 por ciento estimado en 2017 para ambos años.
Esto ha conducido a una mejora de las perspectivas en Canadá en 2018–19, cuyo crecimiento en 2017 sigue estando estimado en 3 por ciento. Aun con el estímulo proporcionado por Estados Unidos, se prevé que el crecimiento se enfriará a 2,3 por ciento en 2018 y 2 por ciento en 2019, ya que se seguirían sintiendo los efectos del alza de las tasas de interés y del endurecimiento de las políticas macroprudenciales con las que se busca mitigar los riesgos financieros derivados de los mercados de la vivienda y las hipotecas.
Se prevé que las perspectivas de México se beneficiarán del aumento del crecimiento en Estados Unidos, si bien la incertidumbre que rodea el desenlace de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones presidenciales de julio obstaculizará el crecimiento a corto plazo. En consecuencia, la expansión del producto se aceleraría del 2 por ciento estimado en 2017 a 2,3 por ciento en 2018. Se proyecta que la inflación disminuya drásticamente en 2018 a medida que se desvanezca el efecto del aumento de los precios internos administrados del combustible ocurrido el año pasado. Para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera es crítico continuar con una política fiscal prudente que apunte a recortar el coeficiente de endeudamiento público.
América Central y el Caribe
En América Central y la República Dominicana, el crecimiento del producto sigue siendo vigoroso, impulsado por flujos de remesas más voluminosos de lo esperado, mejores condiciones financieras y buenas cosechas.
En términos generales, las perspectivas económicas del Caribe se están afianzando. Se prevé un crecimiento ligero en la región tanto en 2018 como en 2019, respaldado por un mayor crecimiento en Estados Unidos impulsado por su reciente reforma tributaria. Ahora bien, algunas de las islas que se vieron duramente golpeadas durante la temporada de huracanes de 2017 tienen por delante una prolongada recuperación. Se proyecta que el PIB de Dominica disminuya 16 por ciento en 2018, para repuntar en 2019 a medida que cobre impulso la reconstrucción.
América del Sur
En Argentina, la actividad económica de 2017 está proyectada en 2,8 por ciento, frente a 2,4 por ciento del informe WEO de octubre de 2017. En tanto que el consumo se benefició del avance de los salarios reales, la inversión también se aceleró, incluso en el sector privado. Se prevé que el crecimiento disminuya ligeramente a 2½ por ciento en 2018, debido a la contención fiscal y monetaria. La inflación seguiría retrocediendo, suponiendo que haya una moderación salarial. La reducción del déficit fiscal primario debería contribuir a contener las presiones de apreciación del peso y el deterioro de la cuenta corriente.
En Brasil, tras la grave recesión de 2015 y 2016, la recuperación económica se está afianzando gracias al consumo privado y a la inversión. En 2017, la inflación disminuyó a 3 por ciento, empujada por una fuerte caída de los precios de los alimentos gracias a una cosecha excepcional. Hemos revisado al alza significativamente el pronóstico de crecimiento de Brasil en 2018, en relación con el informe WEO de octubre de 2017. Sin embargo, el incierto desenlace de las elecciones generales de 2018 podría obstaculizar el crecimiento económico. Para asegurar la sostenibilidad fiscal, las autoridades tienen prevista una prolongada consolidación fiscal, que incluye una ambiciosa reforma de la seguridad social.
En Chile, tras un lento arranque en 2017, el crecimiento repuntó en el segundo semestre del año y ese ímpetu continuaría en 2018 con un crecimiento proyectado de 3 por ciento. El alza de los precios del cobre y un mayor nivel de confianza entre las empresas —sobre todo tras la resolución de la incertidumbre política que rodeó las elecciones presidenciales del año pasado— han apuntalado el crecimiento.
En Colombia, el crecimiento se ha reavivado poco a poco a medida que se desvanecen los efectos negativos de la fuerte caída de los precios del petróleo en 2014–16. La disminución de la inflación ha dejado margen para una distensión monetaria favorable al crecimiento. Contra el telón de fondo de un mayor crecimiento mundial y un alza de los precios del petróleo, las perspectivas de recuperación se están afianzando y la inflación continuaría convergiendo hacia la meta fijada. Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son favorables, gracias a la expansión de las exportaciones y a la inversión en infraestructura.
La economía de Ecuador experimentó una recuperación más rápida de lo previsto en 2017, con un crecimiento estimado en 2,7 por ciento. La reactivación estuvo respaldada por la recuperación parcial de los precios del petróleo y por la ampliación del acceso a los mercados financieros internacionales. El nuevo gobierno se está esforzando por sumar al sector privado a la lucha contra la corrupción, lo cual podría beneficiar a la economía a más largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, la economía sigue siendo vulnerable a shocks externos, situación que requiere recortar el déficit fiscal y recuperar la competitividad a través de reformas estructurales.
En Perú, el crecimiento dio indicios de recuperación en el segundo semestre de 2017. En 2018, se prevé que la expansión generalizada de la demanda interna impulse el crecimiento a alrededor de 4 por ciento. Las exportaciones siguen siendo vigorosas, pero su contribución sería menor que en los dos últimos años, teniendo en cuenta que los nuevos proyectos mineros prácticamente alcanzaron su capacidad de producción en 2017. En el ámbito de las políticas, las autoridades continuaron centrándose en la implementación de una política fiscal y monetaria anticíclica y en las reformas estructurales. El impulso fiscal previsto para 2018 será crítico para la reactivación del crecimiento.
En Venezuela, la crisis continúa. Según las proyecciones, el PIB real disminuirá alrededor de 15 por ciento en 2018; en consecuencia, se prevé que la contracción acumulativa del PIB desde 2013 sea casi de 50 por ciento. Esta tendencia es resultado de significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera; este último tuvo origen en la fuerte caída de los precios del petróleo ocurrida a mediados de 2014 y continuó más recientemente con el desmoronamiento de la producción nacional. Se proyecta que la inflación supere 2.400 por ciento en 2017 y que ronde 13.000 por ciento en 2018, alimentada por el financiamiento monetario de profundos déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional.
Riesgos para la recuperación económica
Varios riesgos podrían hacer trastabillar la recuperación de la región. Las elecciones programadas en muchos países rodearán de incertidumbre la situación económica y política a lo largo del próximo año. Las presiones para adoptar políticas aislacionistas en las economías avanzadas —manifestadas por ejemplo en el repliegue de la integración transfronteriza— y los factores como las tensiones geopolíticas mundiales y los fenómenos meteorológicos extremos podrían acentuar la incertidumbre.
Asimismo, las condiciones en los mercados financieros podrían hacerse más restrictivas si la inflación aumentara más de lo esperado en Estados Unidos o si las vulnerabilidades financieras internacionales se acumularan debido a una toma excesiva de riesgos durante el dilatado período de tasas de interés muy bajas y escasa volatilidad de los precios de los activos.
Buen momento para reconstituir los márgenes de protección y estimular el crecimiento a mediano plazo
Más allá del corto plazo, la región enfrenta dificultades a mediano plazo. Como venimos subrayando, a pesar de la aceleración económica en curso, el crecimiento del producto latinoamericano está regresando a una media decepcionante. Teniendo en cuenta el atenuado crecimiento potencial y los riesgos a la baja a mediano plazo, es necesario redoblar los esfuerzos por reconstituir los márgenes de protección e implementar políticas estructurales encaminadas a eliminar los cuellos de botella que traban el crecimiento y a mejorar la resiliencia.
En los países que necesitan reducir los déficits fiscales, es necesario dirigir la atención al delicado equilibrio entre preservar un crecimiento inclusivo y estabilizar la elevada y creciente deuda pública. Para resistir mejor los shocks en el futuro, se lograría una mayor resiliencia y eficacia a la política monetaria manteniendo la flexibilidad cambiaria y reforzando en mayor medida la comunicación y la transparencia de los bancos centrales.
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ECONOMIA BRASILEIRA / BRAZIL ECONOMICS
MF. STN. EBC. 25/01/2018. Economia. Tesouro estima que dívida pública chegue a 74,8% do PIB
Mariana Tokarnia e Wellton Máximo - Repórteres da Agência Brasil
A Secretaria do Tesouro Nacional estima que a Dívida Bruta do Governo Geral, que inclui tanto a dívida federal como dos estados e as compromissadas, chegue a 74,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2018. Essa porcentagem, pela projeção, crescerá em 2019 para 76,8% e chegará a 79,2% em 2026. As estimativas estão no Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública, divulgado hoje (25) pelo órgão.
De acordo com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o Brasil tem hoje dívida muito elevada em relação a países com estágio de desenvolvimento semelhante. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em média, países emergentes têm, em média, dívida pública bruta de 48% do PIB.
"A dívida cresceu muito nos últimos anos e continuou crescendo em 2017. Haverá crescimento dentro dos próximos anos até que haja estabilização dela. Seria um objetivo muito importante para o Brasil reduzir esse patamar de endividamento", disse.
A estimativa leva em consideração o cumprimento da regra do teto de gastos, que estabelece limite para o aumento das despesas federais a cada ano. Além disso, considera a devolução de R$ 130 bilhões de títulos públicos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) ao Tesouro. Apenas essa medida, informou Ana Paula, reduz o endividamento em 1,8% do PIB.
A projeção do Tesouro difere da estimativa divulgada no fim do ano passado pelo Banco Central, de que a dívida bruta encerraria 2018 em 79,8% do PIB este ano. Segundo a secretária, o Banco Central não incorporou o pagamento do BNDES e utiliza um deflator (fator de correção) diferente para o PIB.
Reforma da Previdência
A secretária destacou a necessidade da aprovação da reforma da Previdência para que as previsões sejam cumpridas. A estimativa, ressaltou, leva em consideração o cumprimento da regra do teto de gastos. "Sem a reforma, não conseguiremos cumprir a regra do teto", defendeu
De acordo com o PAF, o Tesouro usará R$ 108,4 bilhões das emissões de títulos públicos em 2018 para cobrir parcialmente o déficit primário (resultado das contas do governo excluindo os juros da dívida pública) previsto de R$ 159 bilhões. Desse total, R$ 71,2 bilhões, o equivalente a 65%, são referentes a despesas com a Previdência Social – benefícios rurais, urbanos, aposentadorias e pensões e compensação das desonerações da folha de pagamento. A maior parte, R$ 32,3 bilhões, será usada para pagar as aposentadorias rurais.
"Continua o desafio de ajuste", ressaltou Ana Paula. "Todos processos precisam estar mais claros e mais dirigidos à consolidação fiscal [equilíbrio fiscal]. A reforma da Previdência é a primeira e mais importante reforma a impactar esse cenário".
A reforma propõe a adoção de uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres e regras de transição com intuito de equilibrar as contas públicas para os próximos anos. Conforme a proposta, trabalhadores do setor privado e servidores públicos deverão seguir as mesmas regras, com um teto de R$ 5,5 mil para se aposentar, e sem a possibilidade de acumular benefícios. Para trabalhadores rurais, idosos e pessoas com deficiência, sem condições de sustento, as regras não sofrerão mudanças.
A previsão é que a reforma da Previdência seja votada pela Câmara dos Deputados em fevereiro.
MF. STN. PORTAL G1. 25/01/2018. Dívida pública pode ficar próxima de R$ 4 trilhões em 2018, diz Tesouro. Previsão foi divulgada nesta quinta (25) pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em 2017, a dívida pública atingiu recorde de R$ 3,55 trilhões, alta de 14,3%.
Por Alexandro Martello, G1, Brasília
Após crescer R$ 447 bilhões em 2017 e atingir um total de R$ 3,55 trilhões, a dívida pública do governo federal continuará a crescer e poderá chegar a quase 4 trilhões no fim de 2018, de acordo com números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta quinta-feira (25).
Se o patamar máximo de até R$ 3,98 trilhões se confirmar, a alta da dívida, neste ano, será de R$ 421 bilhões, o equivalente a 11,8% de aumento. Os números constam no Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública.
O nível de quase R$ 4 trilhões para a dívida no fim deste ano, porém, é o teto. O Tesouro Nacional também informou que o crescimento pode ser menor, de R$ 221 bilhões, para R$ 3,78 trilhões, que é o piso para o patamar da dívida no fim de 2018, ou seja, a alta mínima prevista. Neste caso, a elevação seria de 6,2%.
A dívida pública federal é a contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, pagar pelas despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e contribuições.
Quando os pagamentos e recebimentos são realizados em real, é chamada de interna. Quando tais operações financeiras ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar norte-americano, a dívida é classificada como externa.
Dívida Pública Federal
Em R$ trilhões
2012
● : 2
● : 2
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
Necessidades de financiamento
Segundo o Tesouro Nacional, os vencimentos da dívida pública neste ano somam R$ 710 bilhões, dos quais R$ 9,5 bilhões são da dívida externa e R$ 84 bilhões em encargos do Banco Central. Além disso, há uma estimativa de que sejam necessários mais R$ 108 bilhões para "cobertura parcial" do déficit das contas do governo.
Para financiar esses compromissos, estão previstos R$ 186 bilhões em recursos orçamentários (dos quais R$ 130 bilhões em devolução de recursos do BNDES). Com isso, a necessidade líquida de financiamento cai para R$ 637 bilhões em 2017.
Retomada do crescimento
O Tesouro Nacional avaliou que o ano de 2018 será de retomada do crescimento econômico, maior estabilidade de preços e taxas de juros mais baixas.
"Permanecem, contudo, os esforços direcionados à consolidação fiscal [das contas públicas], que ensejam avanços nas reformas necessárias para o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade da dívida pública", acrescentou.
Ainda de acordo com o Tesouro, nesse contexto a administração da dívida pública contribui para o "equilíbrio macroeconômico ao pautar sua estratégia de financiamento pelo objetivo de redução de custos, concomitantemente à manutenção de níveis prudentes de risco".
O Tesouro Nacional concluiu informando que as diretrizes dessa gestão da dívida pública têm conduzido o perfil da dívida em favor de "baixa exposição cambial" (atrelado ao dólar) e de "participação relevante de dívida com taxas de juros prefixadas ou remuneradas por índices de preços [inflação], sendo estes últimos instrumentos de mais longo prazo".
MF. STN. REUTERS. 25 DE JANEIRO DE 2018. Dívida pública federal fecha 2017 com recorde de R$ 3,559 tri, alta de 14,3%, mostra Tesouro
BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 14,3 por cento em 2017, a 3,559 trilhões de reais, renovando seu recorde histórico e fechando o ano dentro do intervalo que havia sido fixado pelo governo, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.
O crescimento da dívida se deu fundamentalmente pela alta de 15 por cento da dívida mobiliária federal interna em relação a 2016, a 3,435 trilhões de reais.
A dívida pública federal externa, por sua vez, caiu pouco mais de 2 por cento na mesma base de comparação, alcançando 123,79 bilhões de reais.
No Plano Anual de Financiamento (PAF) para 2018 divulgado nesta quinta-feira, o Tesouro fixou novo intervalo de 3,78 a 3,98 trilhões de reais para o estoque geral da dívida. No ano passado, esse intervalo era de 3,45 trilhões a 3,65 trilhões de reais.
Apenas em dezembro, a dívida pública federal subiu 1,89 por cento sobre novembro, enquanto a dívida pública mobiliária interna teve aumento de 1,88 por cento e a dívida externa avançou 1,96 por cento.
Em relação à composição, o governo também conseguiu manter o enquadramento estabelecido antes pelo PAF. Com maior peso, os papéis prefixados responderam por 35,34 por cento do total no ano passado, dentro da faixa de 32 a 36 por cento.
Os títulos indexados à Selic ficaram com fatia de 31,51 por cento, dentro do objetivo de 29 a 33 por cento. Já os papéis corrigidos pela inflação fecharam o ano respondendo por 29,55 por cento da dívida total, diante da faixa de 29 a 33 por cento.
Os títulos remunerados pelo câmbio tiveram participação de 3,60 por cento da dívida total, ante previsão de 3 a 7 por cento.
A participação dos investidores estrangeiros em títulos da dívida interna fechou 2017 com menor representatividade, com parcela de 12,12 por cento, ante 12,67 por cento em novembro e 14,33 por cento em dezembro de 2016.
Por Marcela Ayres
MF. STN. REUTERS. 25 DE JANEIRO DE 2018. Tesouro fixa limite de quase R$4 tri para dívida pública em 2018 e vê aumento menor do passivo
BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal do Brasil deverá encerrar 2018 entre 3,78 trilhões e 3,98 trilhões de reais, divulgou nesta quinta-feira o Tesouro Nacional por meio do Plano Anual de Financiamento (PAF), intervalo que abre caminho para crescimento menor, de até 11,8 por cento, em relação a 2017.
No ano passado, o avanço da dívida foi de 14,3 por cento, a 3,559 trilhões de reais, dentro da faixa de 3,45 trilhões a 3,65 trilhões de reais definida para o período.
O Tesouro pontuou que, apesar do momento de retomada do crescimento econômico, maior estabilidade de preços e taxas de juros mais baixas no âmbito da política monetária, permaneciam “os esforços direcionados à consolidação fiscal, que ensejam avanços nas reformas necessárias para o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade da dívida pública”.
No PAF de 2018, o governo estabeleceu que os títulos atrelados à taxa flutuante, como a Selic, deverão representar de 31 a 35 por cento da dívida pública federal no ano, contra 31,5 por cento em 2017.
Esses papéis pós-fixados são mais demandados por investidores quando há percepção de aumento do risco, sentimento que pode se intensificar diante das incertezas ligadas às eleições presidenciais e à continuidade das reformas fiscais nesse cenário.
Representados pelas LFTs, esses títulos tiram previsibilidade para a dívida, já que flutuam com os juros. Por isso, o governo busca diminuir sua representatividade no longo prazo a 20 por cento.
“O Tesouro está bastante confortável em assumir risco Selic dada a expectativa de Selic mais estável para os próximos anos”, afirmou o subsecretário da Dívida Pública, José Franco de Morais, a respeito da elevação da representatividade esperada para este ano por conta de eventual aumento da volatilidade.
Olhando para os demais títulos, os prefixados deverão continuar com maior peso na dívida em 2018, respondendo por 32 a 36 por cento do total, sobre 35,3 por cento em 2017. No longo prazo, o objetivo permaneceu de participação de 40 por cento.
Já a parcela correspondente aos títulos indexados à inflação deverá ficar entre 27 e 31 por cento em 2018, ante 29,6 por cento no ano passado, enquanto os títulos corrigidos pelo câmbio terão limite de 3 a 7 por cento do total da dívida neste ano, contra resultado de 3,6 por cento em dezembro passado.
Segundo o PAF, o governo mantém uma reserva de liquidez suficiente para honrar mais de 6 meses de vencimentos da dívida doméstica em mercado.
Em outra frente, o governo também possui um colchão em moeda estrangeira suficiente para honrar integralmente os vencimentos da dívida pública federal externa em 2018, que soma 9,5 bilhões de reais.
PREVIDÊNCIA
No início do mês, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou a nota de crédito da dívida soberana do Brasil para “BB-”, ante “BB”, colocando-a ainda mais longe do grau de investimento em função da demora na aprovação de medidas para reequilibrar as contas públicas e do nebuloso cenário eleitoral.
Depois de ter pontuado na coletiva do PAF de 2017 que seria viável o Brasil recuperar o selo de bom pagador já neste ano, a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, reconheceu que para isso ocorrer será preciso que o país continue engajado no ajuste fiscal, com especial atenção à alteração das regras para aposentadoria.
“Reforma da Previdência é a primeira e mais importante reforma a impactar o cenário de consolidação fiscal”, disse ela, lembrando que a investida é crucial para o cumprimento da regra do teto de gastos.
Considerando o aval do Congresso Nacional à reforma, o Tesouro projetou no PAF que a dívida bruta como percentual do Produto Interno Bruto (PIB) chegará a 74,8 por cento em 2018, sobre 74,4 por cento em novembro de 2017, último dado disponível.
Para 2019 e 2020, a expectativa é de avanço a 76,8 e 78,0 por cento do PIB, respectivamente.
Por Marcela Ayres
MOODY'S. PORTAL G1. 24/01/2018. Países latino-americanos terão piora do perfil de crédito até 2019, diz Moody's. Nível da dívida pública em relação ao PIB será 9 pontos percentuais maior que em 2013 e 2014, prevê a agência.
Por G1
A piora do quadro fiscal de países da América Latina vai continuar durante os próximos dois anos, dando sequência aos vários choques já sentidos em 2015 e 2016, que "enfraqueceram as perspectivas de crescimento e pioraram as métricas de dívida soberana na região", conclui um relatório da agência de risco Moody’s divulgado nesta quarta-feira (24).
“Esperamos que o aumento da dívida e dos encargos dos juros limitarão a capacidade dos países latino-americanos de reagir a novos choques potenciais uma vez que a situação fiscal se agrava”, declarou no documento o analista Renzo Merino.
“Prevemos que para 2018 e 2019 os níveis de dívida em relação ao PIB serão 9 pontos percentuais, em média, mais altos que os níveis de 2013 e 2014, enquanto os pagamentos de juros consumirão dois pontos porcentuais adicionais da receita", diz.
Segundo o relatório, os governos que registrarão os maiores aumentos de dívida até 2019 incluem Brasil, Equador e Argentina. Já Colômbia, Argentina e Equador terão as maiores altas de encargos de juros.
"Além disso, tendo em vista a previsão para as métricas de dívida desses países, a Moody’s conclui que Brasil, Colômbia e Costa Rica são os países com o menor espaço fiscal na região. Embora Paraguai, Chile e Peru tenham registrado uma deterioração de seus índices de dívida, estes países continuam apresentando níveis elevados de capacidade fiscal", avalia a agência.
O peso maior dos juros sobre a receita dos governos resulta principalmente de uma diminuição desta receita, pela queda dos ganhos com as commodities, conclui a Moody's.
"Apesar de vários governos terem implementado medidas para elevar a receita tributária, o risco está relacionado ao aumento dos custos dos empréstimos em consequência da normalização das condições de política monetária nos países desenvolvidos nos próximos anos, o que reverteria o declínio do custo de dívida visto até 2016".
Segundo a Moody's, esforços de consolidação do cenário fiscal "serão fundamentais para interromper a deterioração das métricas de dívida dos governos na região e suportar a qualidade de crédito soberana". "Embora a maioria dos governos tenha se concentrado em medidas para melhorar a receita, a rigidez das despesas e seu crescimento geral continuam a ser desafios que precisam ser efetivamente endereçados", aponta.
FGV. IBRE. 25-Jan-2018. Confiança do Consumidor avança em janeiro
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas avançou em janeiro pelo quinto mês consecutivo. Com a variação de 0,4 ponto, para 88,8 pontos, o índice atingiu o maior nível desde outubro de 2014 (91,3), ficando 9,5 pontos acima de janeiro do ano passado.
“A confiança dos consumidores continuou avançando mas desacelerou um pouco em janeiro, influenciada por uma divergência de opiniões sobre o cenário econômico para os próximos meses. Embora a percepção sobre a situação financeira das famílias siga melhorando lentamente e a expectativa de inflação continue em queda os consumidores continuam cautelosos em relação às compras de alto valor.“, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor.
Em janeiro, os consumidores melhoraram suas avaliações sobre a situação atual e acomodaram suas expectativas em relação aos próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,8 pontos, para 76,6 pontos, mantendo a trajetória de alta pelo sexto mês consecutivo, atingindo o maior nível desde maio de 2015 (77 pontos). O Índice de Expectativas (IE) variou -0,6 ponto percentual, para 97,6 pontos, interrompendo a sequência de quatro altas consecutivas observada nos meses anteriores
Dentre os quesitos que integram o ICC, a percepção dos consumidores com relação à situação econômica atual foi o que mais contribuiu para a evolução positiva em janeiro. O indicador que mede o grau de satisfação com a economia no momento avançou 2,3 pontos para 85,0 pontos, e atingiu o nível mais alto desde janeiro de 2015 (85,8). Já o indicador das perspectivas para a situação econômica nos seis meses seguintes recuou 1,1 ponto, para 115,7 pontos. após atingir o maior nível da série em dezembro de 2017 (116,8),
Em relação às finanças familiares, tanto as avaliações quanto as perspectivas futuras tornaram-se mais favoráveis. O indicador que mede a satisfação dos consumidores com a situação financeira no momento subiu 1,4 ponto, para 68,8 pontos, maior desde agosto de 2015 (69,8) e o indicador que mede o otimismo em relação às finanças pessoais nos próximos meses teve alta de 1,2 ponto. Enntretanto, mesmo com uma recuperação na situação financeira, os consumidores se revelaram menos propensos a gastar, com queda de dois pontos no indicador que mede a disposição para compras de bens duráveis nos próximos meses.
A comportamento da confiança é bastante heterogêneo entre as quatro faixas de renda pesquisadas. Houve aumento da confiança das famílias com renda até R$ 2.100,00 e das famílias com renda entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00, enquanto para as demais, a confiança registrou queda. A maior variação do índice ocorreu nas famílias com renda até R$ 2.100,00, em função de um avanço expressivo do indicador de percepção sobre a situação financeira atual.
A edição de janeiro de 2018 coletou informações de 1756 domicílios entre os dias 02 e 22 de janeiro.
DOCUMENTO: http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&lumItemId=8A7C82C5610B87CF01612C8F97291633
FGV. IBRE. 25-Jan-2018. Confiança do Comércio avança e atinge maior nível desde julho de 2014
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas avançou 0,2 ponto em janeiro, para 95,1 pontos, maior nível desde julho de 2014 (95,4). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo quinto mês consecutivo (0,9 ponto).
“A alta do ICOM em janeiro foi influenciada pela melhora dos indicadores que medem a satisfação com a situação atual, que vem sendo sustentada por fatores como a inflação baixa, recuperação gradual do mercado de trabalho e evolução da confiança dos consumidores. A queda pontual das expectativas sugere ainda certa cautela em relação aos meses seguintes, mostrando que a recuperação ainda deve continuar ocorrendo de maneira gradual neste primeiro trimestre.” , avalia Rodolpho Tobler, Coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE.
A alta do ICOM em janeiro ocorreu em 11 dos 13 segmentos pesquisados e foi determinada pela melhora no Índice de Situação Atual (ISA-COM), que avançou 2,4 pontos, atingindo 88,0 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-COM), caiu 2,0 pontos no mês, para 102,4 pontos. Mesmo com a queda no mês, esta foi a primeira vez desde janeiro de 2014 que o índice permanece três meses consecutivos na região do otimismo (acima dos 100 pontos).
Perspectivas para o emprego no Comércio
A melhora recente do ICOM também foi observada no Indicador de Expectativas com o Total de Pessoal Ocupado no Comércio. Considerando-se médias móveis trimestrais, em janeiro de 2018, a proporção de empresas prevendo aumentar o total de pessoal ocupado nos três meses seguintes ficou em 15,5%, enquanto a das que preveem reduzi-lo, ficou em 11,2%. No mesmo período do ano passado, estes percentuais haviam sido de 9,7% e 17,0%, respectivamente. O resultado pontual de janeiro é ainda mais expressivo: neste mês, 19,1% das empresas preveem aumentar o pessoal ocupado e 12,5%, reduzi-lo. A diferença entre as parcelas extremas de resposta é a maior desde novembro de 2014.
A edição de janeiro de 2018 coletou informações de 1.216 empresas entre os dias 2 e 23 deste mês.
DOCUMENTO: http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&lumItemId=8A7C82C5610B87CF01612C9A79984DA4
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US ECONOMICS
DoS. January 25, 2018. Background Briefing with Senior State Department Officials on the Situation in Venezuela. Special Briefing. Senior State Department Officials
MODERATOR: Thank you all for coming today. Glad we can do this on the spur of the moment. We’ve got on background today with [Senior State Department Official One] and [Senior State Department Official Two]. We’ll have Senior Department Official Number One, Senior Department Official Number Two. They’ll be talking today about Venezuela, and so we’ll limit it to those – to that topic. And then, of course, following, we’ll go on to an on-the-record gaggle with Heather before we head over to the Foreign Press Center.
So I’ll turn it over now to Senior Department Official Number One.
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Thank you very much. I think it’s really important for us to understand that what’s going on in Venezuela is a complete undermining of democratic, constitutional order. The decision by the illegitimate constituent assembly to convene snap elections, even as negotiations on – between the opposition and the Maduro regime were underway, undermines those talks, undermines the ability for the Venezuelan people themselves to meaningfully participate in addressing the multiple crises that have been caused by the Maduro regime.
Our position and the position of the international community is very clear. These elections will be illegitimate, the results of which will be – will not be recognized, and the government needs to enact meaningful electoral reforms that allow for a truly free, fair, transparent, and credible election under international observation. And I’ll stop there.
MODERATOR: Okay. So we go to questions, then.
QUESTION: Before we go to questions, can we just ask if that opening statement can be on the record, since this is about democracy and --
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: Well, I think Heather’s going to go on the record.
MODERATOR: Yeah, we’re going to – let’s come back to that. You want to ask a question, Michele? Do you have a --
QUESTION: No, I’m going to – I’ll let my – the wire service.
MODERATOR: Okay, yeah. Arshad.
QUESTION: I’m sure you’ve seen, or at least I hope you’ve seen, Ambassador Haley’s statement from this morning. In it, she said that the United States will not sort of stand idly by while this happens. Does that mean that you are now thinking about a new round of sanctions on Venezuela? And if so, can you sketch out for us what those might be, what industries or areas might be affected?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: We’ve consistently said that we will use all of our diplomatic, political, and economic tools to ensure that the Maduro regime is held accountable for its corrupt, repressive, and anti-democratic practices.
QUESTION: And new sanctions are under consideration?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: They’re always under consideration.
MODERATOR: Carol.
QUESTION: Does that mean that you might have some blowback against some of the countries that have supported Venezuela in the OAS, countries the U.S. has good relations with but that have declined to crack down on them in an organization that was sort of founded to handle a situation like this?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: We continue to work with all of our allies in the region to address this rupture of democratic order in Venezuela. We continue to work with the Lima Group. We continue to have discussions with all of the members of the OAS to address this situation.
[Senior State Department Official Two], is there anything you wanted to add on that point?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL TWO: I would just note that any particular position of a foreign nation, that’s their sovereign, independent decision. We have ongoing discussions with each of those countries about their positions in multilateral fora and the reasons for those decisions and how we might be able to best address some of their concerns to enable them to join the ever-growing outrage and community of nations responsive --
QUESTION: But you have spoken to a lot of countries about North Korea, and why not put more pressure on countries over Venezuela?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: I think we continue to engage this hemisphere and the different countries in this hemisphere to join us and the members of the Lima Group in addressing the situation in Venezuela. I think, as a result of this unilateral Maduro regime decision to call snap elections, that there will be additional new countries in this hemisphere and internationally who are going to be more and more concerned about the autocratic steps that the Maduro regime takes, and we will be open and engaging with them to join our efforts. There’s no question that the sanctions regime, the international sanctions regime, has been expanding. The United States, the Lima Group, Canada, and just this week the European Union also joined in taking sanctions, and we expect that the growing chorus of international condemnation will continue.
MODERATOR: Nick Wadhams.
QUESTION: Nick Wadhams from Bloomberg. So what’s next? I mean, will you send someone to Venezuela? Would Tom Shannon take up the baton again? I mean, it just seems like all of your efforts thus far to rally international support have not worked, as evidenced by the fact that they made this move. The sanctions regime, as you say, is toughening. That didn’t seem to deter them. What new measures can you bring to the table?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: I think over the last year the Trump administration has taken significant steps. We’ve sanctioned over 40 individuals. We’ve imposed sanctions that restrict the U.S. financial sector from supporting that placement. The Canadian Government has joined us. The Lima Group has formed and taken steps and measures against the Venezuelan regime. Just this week the European Union also has joined this international effort. So we will continue to work with the international community to isolate Venezuela and to hold it accountable for the rupture of its democratic order, and we will use all of our political, economic, and diplomatic tools to do that.
MODERATOR: Josh Lederman, AP.
QUESTION: Hi, thanks for doing this. I was wondering if you could react to Maduro’s declaration of running for another term. This election aside, let’s assume that Venezuela were to abide by what you’re saying, make reforms, and have an actually legitimate election. Under those circumstances, would you be okay with Maduro seeking an additional term, or has he lost his legitimacy to lead that country?
SENIOR STATE DEPARTMENT OFFICIAL ONE: I don’t want to comment on a hypothetical at this time, but what I will say is the international community’s broad consensus is that the next – the 2018 presidential elections in Venezuela must be free, fair, credible, transparent, and conducted under independent international observation in order to meet the democracy test. The government should continue to engage with the political opposition to create the conditions for that kind of election. What they’ve announced this week does not meet that standard regardless of who may or may not be a candidate.
US TREASURY. REUTERS. 25 DE JANEIRO DE 2018. Mnuchin diz que dólar mais fraco ajuda balança comercial dos EUA no curto prazo
DAVOS, Suíça (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta quinta-feira que um dólar mais fraco beneficia a balança comercial norte-americanas no curto prazo, mas que ele acredita na força de longo prazo da moeda.
“Acho que eu tenho sido bastante consistente sobre o dólar. Secretários anteriores têm promovido o dólar. O que eu disse é que, antes de tudo, nós apoiamos o livre comércio da moeda”, disse Mnuchin, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Entretanto, ele acrescentou que está feliz com o nível atual da moeda. “Onde o dólar está não é uma preocupação minha.”
Reportagem de Alessandra Galloni e Soyoung Kim, em Davos
U.S. Department of the Treasury. JANUARY 25, 2018. TESTIMONIES. Testimony of the Honorable Heath P. Tarbert Assistant Secretary of the Treasury Before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
Chairman Crapo, Ranking Member Brown, and distinguished Members of the Committee, thank you for the opportunity to testify in support of the Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), S. 2098, 115th Cong. (2017).
My top priority as Assistant Secretary is ensuring that the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) has the tools and resources it needs to perform the critical national security functions that Congress intended it to.[1] I believe FIRRMA—a bill introduced with broad, bipartisan support—is designed to provide CFIUS with the tools it needs to meet the challenges of today and those likely to arise in the future. FIRRMA will protect our national security and strengthen America’s longstanding open investment policy that fosters innovation and economic growth.
Importance of Foreign Investment in the United States
From the early days of our Republic, the United States has been a leading destination for investors, entrepreneurs, and innovators. In his famous Report on the Subject of Manufactures, Alexander Hamilton argued that foreign capital was not something to be feared or viewed as a rival to domestic investment, but was instead a “precious acquisition” in fostering our economic growth.[2] Throughout the nineteenth and twentieth centuries, capital from abroad funded the construction of America from our railways to our city skylines, while at the same time helping make such innovations as the automobile a reality.[3] Foreign investment has also brought significant benefits to American workers and their families in the form of economic growth and well-paid jobs.
The same is true today, with a total stock of foreign direct investment in the United States standing at a staggering $7.6 trillion (at market value) in 2016.[4] Numerous studies have demonstrated that the benefits from foreign investment in the United States are substantial. Majority-owned U.S. affiliates of foreign entities accounted for over 23 percent of total U.S. goods exports in 2015.[5] They also accounted for 15.8 percent of the U.S. total expenditure on research and development by businesses.[6] They employed 6.8 million U.S. workers in 2015, and provided compensation of nearly $80,000 per U.S. employee, as compared to the U.S. average of $64,000.[7] One study estimated that spillovers from foreign direct investment in the United States accounted for between 8 percent and 19 percent of all U.S. manufacturing productivity growth between 1987 and 1996.[8] As Secretary Mnuchin—echoing his predecessor, Secretary Hamilton—has observed, “we recognize the profound economic benefits of foreign investment” today and place the utmost value on having “industrious and entrepreneurial foreign investors” continue to invest, grow, and innovate in the United States.[9]
Evolution of CFIUS
Despite its many benefits, we are equally cognizant that foreign investment is not always benign. On the eve of America’s entry into World War I, concerned by German acquisitions in our chemical sector and other war-related industries,[10] Congress passed the Trading with the Enemy Act, giving the President broad power to block investments during times of war and national emergency.[11]
During the Great Depression and World War II, international investment flows dropped dramatically.[12] And in the boom years of the 1950s and 1960s—as many countries devastated by World War II were rebuilding their economies—investment in the United States from abroad was modest compared to outflows. Indeed, for the first time ever, America became a net source of investment capital instead of its destination.[13] And what foreign investment did exist posed little risk since our main strategic adversaries—the Soviet Union and its satellites—were communist countries whose economic systems were largely isolated from our own.
When the post-war trend changed in the 1970s, however, CFIUS was born. The oil shock that made OPEC countries wealthy led to concern that petrodollars might be used to purchase key U.S. assets. In 1975, President Ford issued an Executive Order creating CFIUS to monitor and report on foreign investments, but with no power to stop those posing national security threats.[14] Then in the 1980s, a growing number of Japanese acquisitions motivated Congress to pass the Exon-Florio Amendment in 1988.[15] For the first time, the President could block the foreign acquisition of a U.S. company or order divestment where the transaction posed a threat to national security without first declaring an emergency. That law created Section 721 of the Defense Production Act of 1950, which remains the statutory cornerstone of CFIUS today.
Subsequently, in 1992, Congress passed the Byrd Amendment which requires CFIUS to undertake an investigation where two criteria are met: (1) the acquirer is controlled by or acting on behalf of a foreign government; and (2) the acquisition results in control of a person engaged in interstate commerce in the United States that could threaten our national security.[16] In the years that followed, it became evident that CFIUS and Congress did not share the same view on when a 45-day investigation period was discretionary rather than mandatory, a rift that was more clearly exposed in the wake of the Dubai Ports World controversy. In order to instill greater procedural rigor and accountability into CFIUS’s process, Congress enacted the Foreign Investment and National Security Act of 2007 (FINSA), which formally established CFIUS by statute and codified its current structure and processes.[17]
Critical Need for CFIUS Modernization
Now, more than a decade after FINSA and three decades after Exon-Florio, we find ourselves at another historic inflection point. Within the last few years, the national security landscape as it relates to foreign investment began shifting in ways that have eclipsed the magnitude of any other shift in CFIUS’s 40-year history. Nowhere is that shift more evident than in the caseload CFIUS now faces. The resources of CFIUS are challenged by increased case volume and complexity. The average volume of CFIUS cases has been growing steadily from fewer than 100 in 2009 and 2010 (the two years following the financial crisis) to nearly 240 last year. While it is difficult to measure case complexity in real terms, one indicator is the rate at which cases have proceeded to CFIUS’s investigation stage, which is more resource intensive. In 2007, approximately 4 percent of cases went to investigation; in 2017, approximately 70 percent did. Another potential measure of complexity is the number of cases in which CFIUS determines that mitigation or prohibition is necessary to address national security concerns, which require significantly more time and resources. From roughly 2008 through 2015, such cases represented fewer than 10 percent of the total covered transactions CFIUS reviewed; this figure has risen to approximately 20 percent of total covered transactions CFIUS reviewed in 2017.
The added complexity CFIUS is confronting arises from a number of different factors, including: the way foreign governments are using investments to meet strategic objectives, more complex transaction structures, and increasingly globalized supply chains. Complexity also results from continued evolution in the relationship between national security and commercial activity. Military capabilities are rapidly building on top of commercial innovations. Additionally, the digital, data-driven economy has created national security vulnerabilities never before seen. Today, the acquisition of a Silicon Valley start-up may raise just as serious concerns from a national security perspective as the acquisition of a defense or aerospace company, CFIUS’s traditional area of focus.
CFIUS’s exposure to such cases has allowed it to play a critical role in protecting against threats to national security, but has at the same time highlighted gaps in our jurisdictional authorities. We continue to be made aware of transactions we lack the jurisdiction to review but which pose similar national security concerns to those already before CFIUS. These gaps are widening as more threat actors seek to exploit them. The problem lies in the fact that CFIUS’s jurisdictional grant is now 30 years old, originating with the Exon-Florio Amendment and maintained in FINSA. Under current law, CFIUS has authority only to review those mergers, acquisitions, and takeovers that result in foreign “control” of a “U.S. business.” That made sense in the 1980s and even in the first decade of this century, but the foreign investment landscape has changed significantly, with non-controlling investments and joint ventures becoming ever more popular.
Consequently, certain transactions—such as investments that are not passive, but simultaneously do not convey “control” in a U.S. business—that the Committee has identified as presenting a national security risk nonetheless remain outside its purview. Similarly, CFIUS is also aware that some parties may be deliberately structuring their transactions to come just below the control threshold to avoid CFIUS review, while others are moving critical technology and associated expertise from a U.S. business to offshore joint ventures. While we recognize there can and should be space for creative deal-making, purposeful attempts to evade CFIUS review put this country’s national security at risk. Finally, we regularly contend with gaps that likely never should have existed at all. For example, the purchase of a U.S. business in close proximity to a sensitive military installation is subject to CFIUS review, but the purchase of real estate at the same location (on which one could place a business) is not. These gaps can lead to disparate outcomes in transactions presenting identical national security threats.
Support for FIRRMA
The Administration endorses FIRRMA because it embraces four pillars critical for CFIUS modernization. First, FIRRMA expands the scope of transactions potentially reviewable by CFIUS, including certain non-passive, non-controlling investments, technology transfers through arrangements such as joint ventures, real estate purchases near sensitive military sites, and transactions structured to evade CFIUS review. The reasons for these changes are twofold: (1) they will close gaps in CFIUS’s authorities by expanding the types of transactions subject to CFIUS review; and (2) they will give CFIUS greater ability to prevent parties from restructuring their transactions to avoid or evade CFIUS review when the aspects of the transaction that pose critical national security concerns remain.
Second, FIRRMA empowers CFIUS to refine its procedures to ensure the process is tailored, efficient, and effective. Under FIRRMA, CFIUS is authorized to exclude certain non-controlling transactions that would otherwise be covered by the expanded authority. Such exclusions could be based on whether the foreign investors are from a country that meets specified criteria, such as having a national security review process for foreign investment. FIRRMA also allows CFIUS to identify specific types of contributions by technology, sector, subsector, transaction type, or other transaction characteristics that warrant review—effectively excluding those that do not. Additionally, CFIUS can define circumstances in which certain transactions can be excluded because other provisions of law—like export controls—are determined to be adequate to address any national security concerns. Only where existing authorities cannot resolve the risk will CFIUS step in to act.
Third, FIRRMA recognizes that our own national security is linked to the security of our closest allies, who face similar threats. In light of increasingly globalized supply chains, it is essential to our national security that our allies maintain robust and effective national security review processes to vet foreign investments into their countries. FIRRMA gives CFIUS the discretion to exempt certain transactions from review involving parties from certain countries based on such factors as whether the country has a mutual defense treaty in place with the United States; a mutual arrangement to safeguard national security with respect to foreign investment; and a parallel process to review the national security implications of foreign investment. FIRRMA will also enhance collaboration with our allies and partners by allowing information-sharing for national security purposes with domestic or foreign governments.
Fourth, FIRRMA requires an assessment of the resources necessary for CFIUS to fulfill its critical mission. FIRRMA would establish for the first time a “CFIUS Fund” (Fund), which would be authorized to receive appropriations. Under FIRRMA, these funds are intended to cover work on reviews, investigations, and other CFIUS activities. FIRRMA also authorizes CFIUS to assess and collect fees, to be deposited into the Fund, for any covered transaction for which a notice is filed. Once appropriated, these funds could also be used by CFIUS. Although the exact amount will be set by regulation, it would be capped at 1 percent of the value of the transaction or $300,000 (indexed for inflation), whichever is less. Finally, FIRRMA grants the Secretary of the Treasury, as CFIUS chairperson, the authority to transfer funding from the CFIUS Fund to any member agencies to address emerging needs in executing requirements of the bill. This approach would enhance the ability of agencies to work together on national security issues.
Modernizing CFIUS entails a cost, and FIRRMA does not (and cannot) fully address the resource needs of CFIUS and its member agencies. But the cost of funding a modernized CFIUS is not the only consideration. We must all consider the cost of doing nothing: the potential loss of America’s technological and military edge, which will have a real cost in American lives in any conflict. That is simply unacceptable.
In sum, CFIUS must be modernized. In doing so, we must preserve our longstanding open investment policy. At the same time, we must protect our national security from current, emerging, and future threats. The twin aims of maintaining an open investment climate and safeguarding national security are the exclusive concern of neither Republicans nor Democrats. Rather, they are truly American aims that transcend party lines and regional interests. But they demand urgent action if we are to achieve them. I look forward to working with this Committee on improving and advancing FIRRMA, and I am hopeful the bill will continue to move forward on a bipartisan, bicameral basis.
NOTES
[1] See Nomination Hearing Before the S. Comm. on Banking, Housing, and Urban Affairs, 115th Cong. (May 16, 2017) (testimony of Dr. Heath P. Tarbert).
[2] Alexander Hamilton, Report on the Subject of Manufactures (Dec. 5, 1791), available at https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-10-02-0001-0007.
[3] See Mira Wilkins, The History of Foreign Investment in the United States to 1914 (Harvard Univ. Press 1999).
[4] U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Net International Investment Position at the End of the Period, Table 1.1. (Dec. 28, 2017), available at https://bea.gov/scb/pdf/2018/01-January/0118-international-investment-position-tables.pdf.
[5] U.S. Dep’t of Commerce, Economics & Statistics Admin., Foreign Direct Investment in the United States, ESA Issue Brief 06-17, Oct. 3, 2017, at 2.
[6] Id.
[7] Id.
[8] Wolfgang Keller & Stephen R. Yeaple, Multinational Enterprises, Int’l Trade, and Productivity Growth: Firm Level Evidence from the United States, 91 Review of Economics & Statistics, November 2009, at 821, 828.
[9] Steven T. Mnuchin, Secretary, Dep’t of the Treasury, SelectUSA Investment Summit Welcome Address (June 20, 2017).
[10] Edward M. Graham & David M. Marchick, Institute for Int’l Economics, U.S. Nat’l Security & Foreign Direct Investment 4-8 (2006). Prior to America’s entry into World War I, it was revealed that the German government made a number of concealed investments into the United States, including establishment of the Bridgeport Projectile Company which “was in business merely to keep America’s leading munitions producers too busy to fill genuine orders for the weapons the French and British so desperately needed.” Ernest Wittenberg, The Thrifty Spy on the Sixth Avenue El, American Heritage (Dec. 1965), available at http://www.americanheritage.com/content/thrifty-spy-sixth-avenue-el. The company placed an order for five million pounds of gunpowder and two million shell cases “with the intention of simply storing them.” Id. The plot was revealed when a German spy inadvertently left his briefcase containing the incriminating documents on a New York City train, with the documents being returned to the custody of the Treasury Department. Id.
[11] 50 U.S.C. § 4305. TWEA, originally passed in 1917, empowered the President to “investigate, regulate, direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit, any acquisition holding, withholding, use, transfer, withdrawal, transportation, importation or exportation of, or dealing in, or exercising any right, power, or privilege with respect to, or transactions involving, any property in which any foreign country or a national thereof has any interest.” Id. § 4305(b)(1)(B).
[12] Graham & Marchick, supra note 10, at xvi, 14, 18.
[13] Id. at 9.
[14] Exec. Order 11,858, 40 F.R. 20,263 (May 7, 1975).
[15] Pub. L. 100-418, Title V, § 5021, 102 Stat. 1107 (1988).
[16] Pub. L. 102-484, 106 Stat. 2315 (1992).
[17] Pub. L. 110-49, 121 Stat. 246 (2007).
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